Cuando en octubre de 1995 el famoso ex astro deportivo y actor negro O. J. Simpson fue declarado inocente de los cargos de asesinato de su esposa y del amante de la misma, por un jurado de California compuesto mayoritariamente por gente negra, la siguiente edición del famoso show humorístico Saturday Night Live, de la cadena NBC de New York, presentó la parodia de un noticiero en donde el conductor declaraba con una gran imagen de Simpson a su espalda: "Confirmado: desde ahora el asesinato está legalizado".

Realmente, dan ganas de proclamar al viento ya viva voz esta misma sentencia, cuando observamos la forma en que el Poder Judicial de Chile -que se supone independiente y ajeno a las aventuras de intriga política- ha tendido la mano al Ejecutivo en estos días, zafándolo de los peores escándalos que comprometen al Ministerio de Obras Públicas en acciones ilícitas de enriquecimiento ilícito y corrupción estatal.

Como sucedió a don Bernardo Córdova, el conocido "Hombre del Cartel" que venía desde Coronel a encarar a los sinvergüenzas y chupópteros, la indignación cunde entre quienes conocen historial de ignominia de los tribunales chilenos para con los escándalos de corrupción gubernamental. Mismas cortes que, sin embargo, han convertido en deporte la venganza política a través de los casos de violaciones a los derechos humanos (tratados de forma hemipléjica, claro está) además de ser el método más eficaz para escalar jerárquicamente por las salas de mármol de Bandera con Compañía.

Prueba de esto último es, por ejemplo, el abismo de diferencia que existe entre la forma con que el Poder Judicial asumió el caso Pinochet-Rigg's y los enredos del MOP que comprometen directamente al  Presidente Lagos y a sus asesores más cercanos: en el primer caso, los montos de dineros de origen no precisado y sospechoso que aparecen en las cuentas secretas del anciano General, suman lo que el MOP y los otros organismos estatales promedian triangulando para sobresueldos y desvíos de la Concertación cada dos o tres meses, desde 1995 hasta que se destapó la olla en 2003 (por suerte, o de otro modo seguirían en la comparsa), con la diferencia de que el origen de estos últimos dineros está perfectamente precisado por las investigaciones judiciales: el bolsillo de todos los chilenos.

El caso Tribasa

La empresa mexicana Tribasa fue el primer síntoma de que algo extraño sucedía en el Ministerio de Obras Públicas, en momentos en que el secretario de esta cartera era el futuro presidente Ricardo Lagos, y el Director Nacional de Vialidad don Yanko Vilicic. Estamos situados en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Tribasa ganó una millonaria licitación MOP en 1997-1998. El proyecto consistía en la remodelación Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, en los inicios de plan de remodelación de la red vial chilena, gran orgullo de la Concertación. En medio de las faenas, sin embargo, la firma se declaró en quiebra y abandonó la obra sin pagar las indemnizaciones establecidas en el propio contrato. De esta manera, la obra fue entregada inconclusa y otra licitación permitió terminarla, pero a costos que superaban ampliamente el proyecto original.

Hasta el año 2003, el caso no pasaba de ser un escándalo más de irresponsabilidad corporativa y de falta de transparencia. Sin embargo, con el destape de los escándalos por sobresueldos del MOP y por otras polémicas contrataciones -como la de Bitumex Ltda-, en el mes de marzo aparecieron pruebas de posibles irregularidades entre el ministerio y la empresa mexicana, en las que asomaba como comprometido el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, quien oficiaba como Director de Planeamiento MOP-Gate y MOP-Tribasa.

De la Fuente ha sido sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa durante el año 2005, ocasiones en las que La Moneda saltó violentamente en defensa del inculpado, dejando de lado las muletillas de que "las instituciones funcionan" o que "las decisiones judiciales no se comentan". El Presidente Lagos llegó al desatino de insinuar que todo sería un montaje de características electoralistas, dado el clima de campañas presidenciales que ha sofocado el ambiente durante todo este año.

Veremos, sin embargo, que el affaire Tribasa era sólo el primer peldaño de un escándalo de proporciones insospechadas en torno al MOP.

El caso MOP-Gate

En 1997, el socialista ex Seremi de Transportes, Héctor Peña Véliz, creó la firma Gestión Ambiental y Territorial S.A. o GATE, que contaba inicialmente con un recurso humano compuesto sólo por él y su secretaria, más 5 millones de pesos de capital. En el año 2000, sin embargo, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a GATE y la investigación comprometió en el ilícito a su secretaria Sara Oliva y a la madre de ésta. Sin embargo, al poco tiempo ambas mujeres hicieron pública la denuncia de que GATE era una empresa falsa, fachada de operaciones ilícitas para desviar fondos a campañas políticas de la Concertación. Todos creyeron, por entonces, que se trataba de una acusación motivada por el deseo de venganza...

Ojalá hubiese sido así, pero el caso es otro.

Y me toca particularmente el recuerdo de este escándalo y lo sucedido a continuación, porque, desde noviembre de 2000, la Corporación de Defensa de la Soberanía, de la cual soy su Secretario General, había estado recibiendo insistentes denuncias sobre desvíos de fondos públicos hacia las campañas electorales de 1999 y 2000, que por entonces creíamos asociadas a otro escándalo de corrupción (las "indemnizaciones"), razón por la que enviamos al respecto una carta directamente al Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, que nunca fue contestada.

En abril del 2001, la Contraloría General de la República detectó las primeras irregularidades en un contrato de GATE. La noticia no fue gran cosa hasta que, durante el año siguiente, el Ministro en Visita Carlos Aránguiz, que se encontraba investigando el caso "coimas" Tombollini-Rebolledo-Jiménez-Pareto, descubrió accidentalmente que GATE había estado pagando sobresueldos o dineros "extras" en sobres libres de impuestos a los funcionarios del MOP, comprometiendo seriamente en los hechos al ex Ministro Carlos Cruz, otro protegido incondicional del Presidente Lagos. Adicionalmente, GATE recibía pagos por más de 1.700 millones de pesos para un contrato MOP que sólo registraba 1.400 millones. Aparentemente, estos dineros estaban siendo utilizados para campañas políticas. Y, como Director de Planeamiento, el nombre de Matías de la Fuente reapareció también para este caso.

Sorprendentemente, cuando el juez Aránguiz denunció estos pagos de sobresueldos por parte de GATE, el ex presidente Patricio Aylwin Azócar se apresuró a declarar de manera pública que el magistrado "ha ido demasiado lejos en su investigación"... El tiempo le dio la razón, sin embargo, pues la oposición presentó -entre fines del 2002 y principios del 2005- cerca de ocho iniciativas ante la Cámara para formar una comisión parlamentaria que investigara estas irregularidades, pero los diputados de la Concertación votaron en forma corporativa contra el proyecto, haciéndolo naufragar repetidamente.

Se multiplican las polémicas

En vista de que los graves escándalos se habían vuelto incontenibles, la Corte Suprema designó una ministro en visita exclusiva para el caso: doña Gloria Ana Chevesich. Con ello, se hizo jaque a los intentos evidentes del Gobierno para salvar a los involucrados.

La investigación de esta juez, que debió enfrentar obstáculos que iban desde agresiones callejeras por parte de empleados del MOP hasta el repentino fallecimiento de su esposo, acaparó la atención nacional durante dos tensos años. Para qué hablar de la ocasión en que la propia autoridad de la Corte Suprema fue sorprendido intentando influir aparentemente sobre las decisiones de la juez, en otra bochornosa arista de este caso, o cuando el Ministro de Justicia hizo imprudentes declaraciones con el evidente acento intervencionista sobre el desarrollo de la investigación.

El 1º de abril de 2003, la juez Chevesich sorprendió a todo Chile dictando procesamiento para nada menos que 22 implicados en el escándalo MOP-GATE, con Carlos Cruz liderando la lista.

Según el texto, los dineros obtenidos por el MOP se habrían desviado de manera irregular por contratos de servicios nunca cumplidos por varias empresas "consultoras" recurrentemente solicitadas y que involucraban incluso a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, a través del CIADE. La decisión sugería que, por intermedio de GATE, los dineros del MOP supuestamente cancelados para estos servicios se repartían en la forma de sobresueldos y se desviaban a destinos políticos.

La juez declara explícitamente, además, en el documento (Parte IX, Nº 1, letra c):

"Que por Resolución de la Dirección General de Obras Públicas signada con el número 560 de 27 de julio de 1998, suscrita por el Director General de Obras Públicas, don Juan Lobos Díaz, y con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas de la época, don RICARDO LAGOS ESCOBAR, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Nº 48 que aprueba el nuevo Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, se aprobaron los Términos de Referencia y el Convenio Ad-Referéndum para la realización de la asesoría denominada "Elaboración de un Índice de Calidad de Servicio de Obras Viales Concesionadas", autorizándose el gasto de UF 12.970, incluidos todos los impuestos, correspondiente al valor total del trabajo que se contrata".

La juez habría de procesar, además, a la coordinadora de desarrollo y gestión de contratos en Concesiones del MOP; Ximena Riff, por la existencia de un contrato de $ 92 millones destinado al pago de sobresueldos.

Resultados de investigación de la juez Chevesich

Según las conclusiones de su minuciosa investigación, una de las triangulaciones de dinero se realizó a través de la consultora de Peña Véliz  y se destinaron a la empresa Faunes para la confección de una carísima página web que apoyaba la candidatura de Ricardo Lagos, acción en la que participaron personas ligadas a su comando electoral y a través de un contrato MOP-Ábaco. De la Fuente actuó directamente en esta maniobra y Cortés se encargó de blanquearla con un manto de aparente normalidad.

En de octubre de 2005, la ministro confirmó también la existencia de dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente a la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, a través de su página web, revelación que desató otro escándalo a mediados de octubre de 2005. De la Fuente y Sergio Cortés, este último ex jefe de Finanzas de Vialidad, fueron procesados por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de la Consultora Gesys y Óscar Araos de la firma asesora Ábaco. Este ilícito fue realizado simulando un desvío de fondos hacia un supuesto "Programa de Capacitación" por $15 millones, pero que nunca se realizó. Tal hecho se constata en el texto del fallo presentado por la señora Chevesich el 13 de octubre. Tras ese monto se descontaron dos facturas que se le adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000, lo que involucraba (otra vez) a De la Fuente, incluso en la falsificación de documento público.

Vale recordar que la juez Chevesich procesó también al ex ministro Cruz, por la presencia de un desvío de $32 millones desde el MOP, ocasión en la que el propio inculpado argumentó que los dineros fueron a parar a la campaña presidencial de Lagos y no al enriquecimiento personal. Es más: su defensa consiguió que el Senador socialista Carlos Ominami declarara corroborando esta tesis.

Acorralado por los graves cargos que pesaban sobre la Concertación, el director ejecutivo de la campaña de Ricardo Lagos de 1999, Genaro Arriagada, no tuvo mejor idea que intentar emplazar al candidato opositor Joaquín Lavín a explicar "de dónde consiguió los cerca de 20.000 millones de pesos que gastó en la misma contienda electoral", como si fuese éste quien estaba siendo cuestionado y complicado en los tribunales.

Si bien los montos establecidos puntualmente en estos delitos pueden sonar bajos, corresponden a las puntas de lanza de la investigación de la juez sobre los dineros desviados desde el fisco a través del MOP. Pero el ambiente electoral, la virtual baja de Bachelet en las encuestas y la necesidad de nuestros tribunales politizados por tenderle la mano al Gobierno, pudieron más que la justicia.

Los salvavidas del Poder Judicial

El jueves 1º de diciembre de 2005, la Séptima Sala de Apelaciones, integrada por los jueces Jorge Dahm, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Oscar Herrera, diseñó una medida genial en favor de los involucrados en el caso MOP y revocó los procesamientos bajo la insólita filosofía de que "no se vislumbra que los hechos tipifiquen los ilícitos de fraude y estafa al Fisco, por cuanto no se le ha originado pérdidas ni se le ha privado legítima ganancia" y que, de hecho, establece que "el origen de los dineros ES IRRELEVANTE". En otras palabras, aunque estos dineros salieran del Fisco, "ingresaron al patrimonio de la sociedad, pasando a formar parte de su activo, y debido al carácter fungible de este bien, se ha confundido con los de su especie en el mencionado patrimonio".

En cristiano, esto significa que la Corte consideró que el dinero fiscal comprometido ahora era "privado" por haber pasado a manos y a operaciones particulares. Con un razonamiento a tal nivel, se puede asaltar un banco, depositar inmediatamente el botín en la misma caja y declarar después que el delito nunca se cometió, pues el dinero sólo experimentó un "movimiento particular". El salvavidas caía, así, a las manos de De la Fuente, evitándole ahogarse en el océano de revelaciones oscuras surgido de la investigación de la juez Chevesich, y sobre el cual navegaba tranquilamente el Titanic concertacionista.

El golpe de gracia llegó recientemente, este 8 de diciembre, cuando la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-GATE ya estaban prescritos. La decisión fue dividida: dos votos de los ministros Amanda Valdovinos y Carlos Gajardo contra uno de Víctor Montiglio. Para este caso, se consideró que debían contarse los años transcurridos desde que el momento en que fue procesada Ximena Riff y, desde ese instante, se cuentan cinco años hacia atrás, con lo cual el convenio cuestionado quedó fuera del plazo de indagación de la juez Chevesich.

La decisión de la Corte de Apelaciones, además, liberó de responsabilidades a Ricardo Lagos, pues quedó fuera del caso y se prescribe el delito, ya que ella nunca lo citó a declarar después de dejar el MOP en agosto de 1998... ¡Cómo diablos lo iba a hacer, si la investigación comenzó el 2003 y Lagos gozará del fuero presidencial hasta varios meses después de entregar el mando! ¿Por qué la misma prescripción que no funcionó para Pinochet, aun siendo un caso cronológicamente anterior, sí lo hizo para Lagos y De la Fuente?

Ya que los denodados esfuerzos y las revelaciones de la investigación de Gloria Ana Chevesich, quedaron en nada y como si nunca hubiesen existido, caben sólo dos alternativas para racionalizar y enfrentar el nuevo escenario que los tribunales politizados de nuestro país están garantizándole al comportamiento de los funcionarios públicos: uno, actuar como yo, al exigir a todo comerciante que no le haga boleta de compra-venta (como buen desadaptado, prefiero regalarle el IVA antes que ver como mi humilde porcentaje tributario mejora la calidad de vida de los corruptos); y dos, racionalizar la situación aceptándola como parte del mundo actual, como un vicio más del modelo neo-liberal democretino y participar así del mantra hipnótico que se repite en las frías salas del Palacio de Justicia y de La Moneda: "DESDE AHORA, ROBAR ES LEGAL".

"Legal" sólo para algunos, claro está (no hay que entusiasmarse); pero "legal", a fin de cuentas.